lunes, 29 de abril de 2013

Alojamiento y transporte combinado

CAPÍTULO V
De las agencias de viajes habilitadas por otras Administraciones

Artículo 21.De las agencias de viajes habilitadas por otras Comunidades Autónomas o por Estados miembros de la Unión Europea.
1. Las agencias de viajes domiciliadas y habilitadas como tales por otras Comunidades Autónomas, podrán establecer libremente sucursales en Andalucía para el ejercicio de su actividad.
La Dirección General competente en materia de ordenación turística comprobará que las sucursales que inicien su actividad en Andalucía se encuentran cubiertas por la oportuna garantía exigida en la Comunidad Autónoma de origen.
2. Las agencias de viajes domiciliadas y habilitadas como tales por Estado miembro de la Unión Europea podrán establecer sucursales en Andalucía sin otra limitación que la aportación de certificación acreditativa de dicha habilitación en su Administración de origen, así como de toda aquella documentación en la que se verifique la constitución de una garantía equivalente a la exigida en el presente Decreto.
A estos efectos, podrá requerirse a la entidad interesada para que constituya en Andalucía una garantía por el importe de la diferencia entre las cuantía exigidas en su Administración de origen y las fijadas en el presente Decreto.

CAPÍTULO VI
Del ejercicio de la actividad de agencia de viajes

Artículo 23.Viajes Combinados.
1. Se entenderá por  viaje combinado la combinación previa de, por lo menos, dos de los elementos señalados en el párrafo siguiente, vendida u ofrecida en venta con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24  horas o incluya una noche de estancia.
Los elementos a que se refiere el párrafo anterior son el transporte, el alojamiento y otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento en Malaga y que constituyan una parte significativa del viaje combinado.
2. La oferta, contratación y ejecución de viajes combinados se efectuará conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

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